¿Qué pasa con la Inspección Educativa?

El actual ministro del interior y candidato a la Presidencia del Gobierno por parte del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha dejado bien claro en sus propuestas para mejorar la enseñanza en España, que para él la culpa del mal funcionamiento del sistema es la falta de calidad del profesorado. Pero no es el único político que piensa así. Los profesores españoles en general y los de la provincia de Sevilla en particular, llevamos muchos años escuchando esto mismo de boca de nuestras autoridades educativas:  Consejeros, Delegados Provinciales e Inspectores.

Que de los políticos debamos asumir su falta de autocrítica, coherencia  e imparcialidad como inherentes a su condición, no implica que también debamos aceptarlo de funcionarios profesionales de la enseñanza como son los inspectores. Una cosa es que tengan que seguir los mandatos de sus superiores y poner en funcionamiento las normas que estos aprueban, y otra que se excedan en el cumplimiento de sus funciones llegando al abuso para contentarlos o favorecer  a sus “amigos”.

La Inspección educativa se ha convertido en un instrumento político que, en lugar de velar, como es su papel,  por la calidad de enseñanza ayudando y asesorando al profesorado, se dedica a amenazar, amedrentar y acosar para obligarlo a dar los resultados académicos que convienen a sus jefes. Se han convertido en colaboradores necesarios para culpar a los profesores del fracaso escolar y cómplices por lo tanto del mismo, no ejerciendo ni la autocrítica ni la crítica al sistema, no sea que se vuelvan contra ellos y pasen a ser víctimas en lugar de verdugos.

A los intentos de la administración educativa de doblegar a los docentes para conseguir sus fines políticos (mejores estadísticas), como fue la Ley de Calidad y el Reglamento de Organización de los Centros Escolares (ROC), se une la persecución a que les somete la Inspección mediante amenazas, mentiras, subterfugios y cualquier estrategia, legal o no, que sirva a su objetivo. Tampoco se debe caer en la generalización, por supuesto hay buenos inspectores que realizan su trabajo adecuadamente,  pero hay demasiados casos últimamente de acoso a profesores o centros que suspenden “demasiado”, por ejemplo, pidiéndoles informes o entrando en las sesiones de evaluación a “evaluar” el proceso. No olvidemos además que la AGAEVE (Agencia Andaluza de Evaluación Educativa) está formada principalmente por políticos e inspectores, y una de sus funciones es evaluar al profesorado y los centros, pero no al sistema ni a la gestión política.

La estrategia que más se está utilizando recientemente por parte de la Inspección Educativa es el acoso a los equipos directivos de los claustros que no se doblegan ante el absurdo de las normas, burocracia y pedagogías pseudomodernas y se dedican únicamente a enseñar y formar a sus alumnos. A estos se les castiga mirándolos con lupa y exigiéndoles más trabajo extra-docente o imponiéndoles directores “amigos”, como ocurre en el IES Carlos Haya de Sevilla, pasando por encima del Consejo Escolar, la AMPA, los alumnos y la tan cacareada autonomía de los centros, o bien negándoles recursos, nuevas unidades y obligándolos a mantener ratios más elevadas que el resto, como al IES Vicente Aleixandre, que curiosamente se encuentra en la misma zona y comparte inspectora con el anterior. Ambos son de los mejores centros de la provincia, tanto en cuestiones de convivencia como de docencia, y ambos cuentan con claustros de profesores que no están dispuestos a plegarse a intereses que nada tienen que ver con su labor docente y su objetivo último que es la formación de personas libres, críticas e instruidas.

 

¿Somos los profesores también responsables del estado de la enseñanza en España?

  

A veces nos centramos tanto en defender a nuestra profesión docente y nuestro papel como transmisores de la cultura y el conocimiento de sus enemigos externos e internos, que nos olvidamos de que  la situación en la que se encuentra el sistema educativo español en general, y la de los profesores en particular, es también, en parte, culpa nuestra. Se supone que somos uno de los colectivos más preparados cultural e intelectualmente, con más experiencia en la enseñanza y, por tanto, con más autoridad para participar en el debate social y político acerca del sistema educativo actual, sus problemas y sus posibles soluciones. Sin embargo, nosotros mismos nos hemos inhibido de él y hemos decidido tener un papel pasivo y dejar que otros decidan por nosotros sin la menor resistencia, aún a costa de nuestra libertad de cátedra, derecho reconocido en la propia Constitución Española.

 

Según mi opinión, los motivos por los que esto ocurre se pueden encuadrar en los distintos ámbitos de nuestra profesión, me refiero al terreno personal, a las relaciones con los compañeros, a las relaciones con alumnos y padres,  a los sindicatos y a la administración.  El caso es que nuestra profesión, que siempre se había considerado con respeto y consideración, pero cómoda y tranquila, ha pasado a ser hasta de riesgo en muchos casos, porque ¿quién no ha tenido algún problema en alguno de estos terrenos? Quizás sea esta situación la que ha hecho que nos hayamos ido acobardando hasta llegar a la total alienación en la que hemos llegado a dar.   Estas son, según mi punto de vista, las situaciones más negativas que se dan en los distintos ámbitos en que nos movemos en nuestro trabajo diario. 

 

-          Actitud personal

La actitud predominante en la mayoría de los profesores es la pasividad y la falta de implicación en la defensa de su profesión.  No es que no seamos conscientes de los problemas, es que parecemos haber decidido que no somos nosotros los llamados a arreglarlos, nos quejamos, ¡claro que nos quejamos!, muchísimo, incluso demasiado, pero siempre pensamos que no es nuestra responsabilidad sino de los políticos, de los sindicatos, de los padres, de la administración, de la inspección, de las directivas, de cualquiera menos nuestra.

Muchos docentes, además, se han acabado creyendo lo  que nos repiten mil veces, especialmente en secundaria, con respecto a que no estamos preparados   pedagógicamente, que necesitamos formación, que no sabemos evaluar, que necesitamos que nos controlen porque sólo queremos trabajar menos, que no sabemos tratar a nuestros alumnos, etc., y finalmente se ha creado una especie de complejo de inferioridad que lleva a demasiados compañeros a la depresión o a la falta de autoestima, lo que les hace ser fácilmente manipulables. Sin embargo, también se ha demostrado que aún hay esperanza y que somos muchos los que nos rebelamos y nos resistimos a dejarnos avasallar, por ejemplo, con el intento de implantar el Decreto de Calidad que la mayoría rechazamos.

-          Relaciones entre compañeros

Todos repetimos mil veces que somos el colectivo profesional menos corporativista que existe. La administración siempre ha usado como estrategia contra nosotros el “divide y vencerás”, y lo peor es que siempre ha tenido éxito. Los profesores de Secundaria culpan a los de Primaria del nivel que tienen los alumnos cuando llegan al Instituto; los de Primaria se quejan de que ellos trabajan más y cobran menos que los de Secundaria; los de Formación Profesional se quejan de que ellos no deberían hacer guardias dentro de las aulas de Secundaria; los de Secundaria se quejan de que los de F.P. trabajan menos horas, etc. Este cruce de reproches y acusaciones entre los distintos cuerpos sólo beneficia a los que quieren utilizarnos para sus propios fines.

A un nivel de relación más personal, quizás sea también problemática la falta de estabilidad en las plantillas de los centros, ya que al haber continuos cambios es muy difícil coordinarse y entenderse incluso dentro de los propios departamentos. A veces acabamos criticando a nuestros propios compañeros porque no hacen las cosas como a nosotros nos parece que deberían hacerse, sin recordar que existe algo llamado libertad de cátedra, no sólo para los que tienen Destino Definitivo, sino para todos los profesores. Algo fundamental que también es escaso entre los profesores es el compañerismo, en este sentido, también tenemos tendencia a criticar a nuestros compañeros porque cometen errores o irregularidades, cuando  controlar y sancionar no son funciones de los profesores sino de los directivos. Muchas veces ni siquiera les apoyamos cuando se cometen injusticias contra alguno de ellos, aunque, por suerte, en la mayoría de los casos siempre hay quienes se implican y defienden aquello que creen justo sin importarles las consecuencias.

-          Relación con los alumnos y sus padres

 En relación con los alumnos, para mí, nuestra principal responsabilidad es el mantenimiento de la disciplina y la valoración del esfuerzo, el trabajo, el interés y, sobre todo, el rendimiento. Si fuéramos capaces de mantener estos principios aún en contra de las tendencias de moda, tarde o temprano los resultados nos darían la razón. Sin embargo, nos hemos dejado llevar por las “modernas” ideas de los nuevos  pedagogos que no han pisado un aula en su vida, y nos hemos dejado comer el terreno por la “libertad” mal entendida, el compadreo con los estudiantes, la “escuela inclusiva”, la “equidad”, las adaptaciones curriculares,  la diversificación,  las competencias básicas, etc., olvidando que toda esta palabrería no es más que un discurso político y “pseudo-pedagógico” que sólo sirve para que  justifiquen su sueldo los que se lo han inventado. Peor aún,  aquellos que intentan mantener estos principios básicos son objeto de crítica e incluso persecución por parte de directivos, inspectores y, a veces, hasta compañeros.

Nuestra responsabilidad llega, además, a no permitir que los estudiantes promocionen sin estar preparados, excepto en lo que obliga la ley, y a no dar títulos a quienes no los merecen. Las excusas no valen aquí,  cuando le damos a un alumno un título, estamos garantizando como profesionales de la enseñanza que posee unos conocimientos determinados en unas materias concretas. Si queremos que se nos respete, esto tiene que ser siempre verdad. Si la Administración pretende que se regalen titulaciones, dejemos que lo hagan ellos y no entremos en su juego.

En cuanto a los padres, siempre criticamos su falta de implicación, y en muchos casos es verdad, pero ésta no debería llegar más allá de educar a sus hijos en cómo deben comportarse en sociedad, ayudarles y controlar que hagan su trabajo en casa y preocuparse porque las condiciones del centro en que pasan tantas horas sean las adecuadas. En estos dos últimos terrenos se debe basar su relación con los profesores y es en los que debemos mantenerles informados y pedir su colaboración. Sin embargo, pocos padres conocen realmente el estado de masificación, la falta de dotación y el mal estado de las aulas en las que sus hijos estudian, y no muchos controlan que hagan sus deberes. Quizás esto también es en parte culpa nuestra.

-          Sindicatos

La relación de los profesores con sus sindicatos es la historia de un desencuentro constante, nunca han estado a la altura de sus expectativas. Pero tampoco en esto estamos libres de culpa. Si los sindicatos de clase no nos representan, no nos defienden y no nos sentimos identificados con ellos, tenemos sindicatos profesionales. ¿Por qué, entonces, hay una participación tan baja en las elecciones sindicales?  Si nuestras condiciones laborales son cada vez peores y nos quejamos de que nadie nos escucha, ¿por qué no nos asociamos ni participamos en las movilizaciones?

Quizás no nos fiamos de los sindicatos subvencionados que se someten a quien les paga, o nos parece que los profesores liberados que han huido de las aulas no nos representan. Si es así, existe al menos una asociación sindical en Andalucía, Piensa-Volens, que ni acepta subvenciones ni liberaciones totales.

-          Administración

Somos parte de la Administración Pública, sin embargo, al mismo tiempo, desde hace unos años, es nuestra enemiga. No la administración en sí, sino los políticos que la manejan. Han aprobado leyes, normas y decretos en contra nuestra (la LEA, el decreto de calidad, el ROC), nos han bajado el sueldo, quieren acabar con la libertad de cátedra, crean y utilizan cuerpos e instituciones para controlarnos y someternos (Inspección Educativa, AGAEVE), quieren introducir comisarios políticos en los centros (nuevos directores), quieren terminar con MUFACE, con la jubilación anticipada y con todos los derechos y mejoras que ha costado años conseguir.

 

Nos quieren amedrentar y lo han conseguido, en la enseñanza hay miedo. Pero es un miedo absurdo que no tiene sentido. Somos funcionarios públicos que realizamos un servicio social importantísimo como es la formación de nuestros jóvenes. Somos personas con una formación superior a la media de cualquier otra profesión, incluyendo por supuesto a los políticos. Tenemos la posibilidad de llegar a muchas personas, alumnos, padres, compañeros, y defender nuestras ideas. En resumen, tenemos precisamente las armas que les gustaría tener a los políticos y que pretenden obligarnos a usar en su beneficio. Nuestro poder está en no dejarnos manipular ni permitir que nuestros alumnos se conviertan en seres fácilmente manipulables por su ignorancia y su falta de sentido crítico, lo que parece ser el fin último de la casta que nos gobierna. Por eso nuestros objetivos deben ser la despolitización de la enseñanza, su profesionalización y conseguir el reconocimiento social de nuestro trabajo.

Discriminación sindical

DISCRIMINACIÓN SINDICAL
Sr. Director
En tiempos de crisis, al parecer, es lícito bajar el sueldo a los funcionarios sin negociación alguna, por decreto, incluso es lícito subir los impuestos indirectos para que paguemos todos la ineptitud de los que gobiernan, pero que a nadie se le ocurra quitarle a los sindicatos ni un euro de subvenciones. Y no sólo de dinero, menos aún de liberaciones. La Junta de Andalucía, no es que no las limite, es que las premia: Cuantas más liberaciones totales tengan, más horas se les regalan a los sindicatos de la enseñanza. Con la falta de profesores que padecemos, esto es lo que hace la Consejería de Educación, retirar de las aulas más de los legalmente establecidos. Además, al único sindicato que rechaza las subvenciones y las liberaciones totales en sus estatutos, la Asociación Sindical Piensa-Volens, nos castiga dejándonos fuera del ”juego”, dándonos estrictamente las horas que nos corresponden por ley, que es lo que exigimos que se cumpla con los demás, como hemos hecho saber a los responsables de esta discriminación y despilfarro.

Los títulos se dan cuando se aprueban todas las asignaturas

Los Títulos se dan Cuando se Aprueban todas las Asignaturas

Hace unos días apareció en la prensa la noticia de que dos alumnas de un IES de la provincia de Sevilla, objetoras a la asignatura de Educación para la Ciudadanía de 3º de ESO y Ética de 4º, se iban a ver obligadas a repetir este último curso por decisión del equipo educativo, que consideraba que habían abandonado estas materias y, por lo tanto, no podían titular.

Si nunca ningún alumno hubiera titulado con asignaturas suspendidas, como sería normal, esta noticia no sería tal. La verdadera noticia es que alumnas, que suspenden “sólo” dos asignaturas, no titulan porque una de ellas es Educación para la Ciudadanía, de la que se declaran objetores sus padres, que no ellas.  Si las materias fueran Lengua, Matemáticas o Inglés no habría noticia, porque esto sucede todos los cursos en muchos IES de Andalucía y a nadie sorprendería.

 Pero el señor Ministro de Educación, Don Ángel Gabilondo, no sabía esto. Él se acaba de dar cuenta de que todas las asignaturas son tan importantes como la Educación para la Ciudadanía,  y en unas declaraciones al diario El País ha dicho: “Los títulos se dan cuando se aprueban todas las asignaturas y Educación para la Ciudadanía es una de ellas“. Felicidades Señor Ministro, qué listo es usted. Sin embargo, supongo que sus asesores no estarán tan contentos y me los imagino diciendo: “Pero Señor Ministro, ¿Y qué hacemos ahora con los miles de estudiantes que han titulado con una o dos y hasta tres asignaturas suspensas, o incluso sin presentarse a alguna de ellas? ¿Les quitamos el título con efectos retroactivos y les obligamos a volver atrás y cursar de nuevo 4º de ESO?

Parece que el Sr. Gabilondo aún no se ha enterado de cómo funciona la educación en su país (que mientras no se demuestre lo contrario es España, aunque él parece más bien haber venido de otro planeta) y  cree que todavía existen normas que se cumplen sin excepciones.  El día que el ministro decida hacer realidad esa frase, la educación española estará de enhorabuena porque podremos recuperar la esperanza de un futuro mejor, pero no nos hagamos ilusiones, no es así como se consiguen los votos y el Señor Ministro lo sabe perfectamente.

Peligro: estado de alarma

PELIGRO: ESTADO DE ALARMA

Independientemente de que los controladores aéreos tengan o no razón, no podemos estar de acuerdo con la medida que ha tomado el gobierno para obligarlos a restablecer un servicio que no consideramos como esencial al no afectar más que a una minoría de la población. La decisión de decretar el estado de alarma ha sido precipitada, excesiva e inadecuada, y además la situación a la que responde ha sido provocada por el gobierno.

Según los controladores, la huelga salvaje se justifica por los últimos decretos-Leyes con los que el gobierno ha pretendido regular sus condiciones laborales sin pasar por una negociación, en los que han ido perdiendo derechos y retribuciones y aumentando su jornada laboral. Al ser un colectivo que genera envidias por sus altos sueldos y al cual los gobernantes han hecho aún más impopular, ni los políticos, ni los sindicatos, ni los periodistas denuncian esta situación. Los demás ciudadanos tampoco reaccionamos ya que sólo miramos nuestro propio interés sin darnos cuenta de la gravedad de las medidas que se están tomando y sin pensar que los próximos podemos ser nosotros.

El estado de alarma sólo se justifica, según la Constitución, en caso de catástrofe o peligro de desabastecimiento de la población, y en ningún caso conlleva la militarización de ningún cuerpo civil. La medida además tiene como efectos secundarios la suspensión de derechos constitucionales de los ciudadanos y la imposibilidad de disolución de las Cortes mientras dure, ambas consecuencias gravísimas y de las que no existen precedentes en democracia.

Esta situación tiene todos los visos de haber sido provocada como una prueba de fuerza de un gobierno que se considera a sí mismo como “el Estado” (véase 1.984 de George Orwell y su “Gran Hermano”) y que quiere evaluar la tolerancia de la población a este tipo de medidas para usarla en caso de necesitar reprimir y controlar a los colectivos que intenten rebelarse contra sus arbitrariedades.

Ante hechos tan graves no debemos mirar hacia otro lado si no queremos que los demás lo hagan también cuando nos toque a nosotros. No es ficción. Este gobierno ya ha utilizado varios Decretos-Leyes contra nosotros, como la bajada de retribuciones y ahora la extinción de MUFACE.

Equidad educativa a la andaluza

Dice el Sr. Viceconsejero de Educación de la Junta de Andalucía que lo importante en el sistema Educativo Andaluz es que se ha logrado la equidad, es decir,  que se ha generalizado la escolarización y se dan las mismas oportunidades a todos. Pero hay dos maneras de ser equitativo,  bien igualando a todos a un nivel básico de manera que no se permita destacar a los mejores para que los demás no se sientan inferiores (“buenismo”), o incentivando a los estudiantes para que lleguen  a su más alto nivel, permitiendo que cada uno desarrolle sus potencialidades y que destaquen los mejores de cada especialidad (“pasión por la excelencia”).  En cuál de estos conceptos se basa D. Sebastián Cano para decir que en Andalucía se ha conseguido la equidad queda en evidencia en cuanto echamos una mirada a lo que está ocurriendo últimamente a nuestros propios alumnos, hijos o amigos y en nuestros mismos centros. 

Para la Consejería de Educación, la igualdad de oportunidades se consigue facilitando cada vez más la consecución del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, sin tener en cuenta que cuanto más fácil sea menos valor tendrá. ¿Qué hay de equitativo en la existencia de cinco formas diferentes de conseguir el título, siendo cuatro de ellas inventadas para los que fracasaron en hacerlo de la manera apropiada, sin  diferenciarlas en el papel aunque el nivel alcanzado sea muy diferente? ¿No sería más lógico permitir simplemente que se puedan repetir todos los cursos las veces que se necesite hasta conseguirlo, o que se den titulaciones diferentes?  La “diversificación”, el 2º curso del PCPI y las pruebas externas son únicamente formas de conseguir el título de graduado en ESO tramposas y engañosas y que sólo sirven para  lograr  las estadísticas que necesitan los políticos para justificar su gestión (aunque ni así lo consiguen), pero que hacen más daño que el propio fracaso escolar porque devalúan todo el sistema educativo al bajar el nivel exigido en la base y desincentivar a los alumnos que podrían conseguir los mejores resultados ya que su esfuerzo no se ve reconocido.

Pero no es éste, por desgracia, el único escollo que encuentra la igualdad de oportunidades en nuestra comunidad. Para añadir dificultades nos encontramos con una crisis económica que tiene dos aspectos fundamentales que inciden en el sistema educativo de manera opuesta y que agravan la situación: por un lado, al aumentar el número de personas en paro, se produce un aumento en la demanda de formación profesional, y por otro, se recortan gastos en el sector público que también afectan a la educación, por lo que la oferta no aumenta. Las consecuencias de esta situación son demoledoras.  Los más afectados son, como no, los más débiles, los propios alumnos.

En primer lugar, al haber más demanda de puestos escolares, se aumenta la ratio profesor-alumno  y como consecuencia las aulas de los bachilleratos y ciclos formativos están masificadas. Esto, unido a que los estudiantes de ESO, diversificación, PCPI o ESA, que no pueden acceder a Ciclos Formativos de FP por falta de plazas, se matriculan en bachillerato para no quedarse en la calle, produce una disminución de la calidad  en este nivel realmente preocupante, ya que este alumnado no está en absoluto preparado ni motivado para cursarlo, menos aún en estas condiciones, lo que provocará un aumento espectacular del fracaso escolar en la enseñanza post-obligatoria.

La situación de los estudiantes que quieren acceder a la Formación Profesional  es también problemática.  Además de  no estar preparados a pesar de tener un título, muchos de ellos se quedan sin plaza, especialmente en los ciclos más demandados, por la gran cantidad de personas que al encontrarse en paro deciden volver al sistema educativo. Los efectos que esto produce son evidentes: jóvenes de dieciséis y diecisiete años que no pueden ni estudiar ni trabajar después de haber aprobado una prueba de acceso, PCPI o 4º de ESO con diversificación, porque otros tienen mejores calificaciones. El caso de la prueba de acceso a ciclos es especialmente sangrante, ya que los aspirantes no pueden repetirla ni mejorar la nota, por lo que no les queda más opción que conseguir el título de graduado en ESO.

Estas situaciones planteadas no son hipotéticas sino reales, cercanas y habituales, mis propios alumnos las están sufriendo.  Lo más grave es que las únicas opciones que tienen son, o bien estudiar algo que no quieren, bachillerato o especialidades ajenas a sus intereses, o  matricularse en centros privados cuando tienen tanto derecho como los demás a disponer de una plaza en un centro público. Estos son algunos de los efectos perversos de la equidad mal entendida, de la universalización del título de graduado en ESO y de una crisis económica mal gestionada.

A VUELTAS CON LA FORMACIÓN

El Consejo Escolar de Andalucía, en su reunión del 16 de julio para analizar el informe sobre la situación del sistema educativo andaluz entre los años  2007-2009,    ”apuesta por seguir trabajando en la formación del profesorado y la actualización de la metodología en cuestiones que inciden de manera directa en el aprendizaje”(sic.) En el mismo acto, el Sr. Consejero de Educación de la Junta de Andalucía  reclama un mayor reconocimiento social para los docentes y sin embargo, los ataca al mismo tiempo con “la necesidad de seguir trabajando en la formación inicial del profesorado”.

¿Se refieren a una formación científico-didáctica que actualice los conocimientos y los métodos docentes para dar una enseñanza de calidad? Si así fuera, la mayoría de los profesores no tendríamos nada que objetar sino todo lo contrario, estaríamos encantados de dedicarle  parte de nuestro tiempo de trabajo a este tipo de actividades. Desgraciadamente no se refieren a esto. El tipo de formación del que hablan se podría llamar de un modo mucho más descriptivo como “adoctrinamiento pedagógico y político”, y los encargados de llevarlo a efecto son los Centros del Profesorado (CEP) donde otros profesores de secundaria con la misma titulación que los que están en las aulas, pero con la diferencia de que no ejercen la docencia directa con los alumnos (lo que les deja fuera del campo experimental que pretenden enseñar) y cuyo único mérito es haber demostrado su fidelidad a las teorías políticas y pedagógicas imperantes, tienen como función impartir u organizar cursos y actividades inútiles y sin ningún interés, pero necesarios para cobrar complementos, trasladarse en los concursos, o aprobar la fase de prácticas de las oposiciones.

Ya en las propias oposiciones, los candidatos son obligados, si quieren tener alguna opción de aprobar, a demostrar que  conocen y acatan sin discusión los principios pedagógicos y políticos impuestos por ley. La preparación en la materia que van a impartir y su capacidad para expresar los conocimientos propios de su especialidad sólo tienen un valor testimonial del 24% de la nota total. Siempre, en todas las oposiciones, si no se aprobaba el examen escrito no se podía pasar  a la siguiente fase, ahora es más importante esta segunda fase y se puede conseguir, y de hecho se consigue, una plaza sin llegar a aprobar el examen escrito.

En el Programa de Calidad y Mejora de los Rendimientos Escolares, aprobado en 2008 y ahora anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, también se contemplaba el compromiso del profesorado que se acogiera a él de llevar a cabo la formación que la Consejería de Educación considerara oportuna, como otra manera de justificar el soborno al que estaban siendo sometidos.  También  en el nuevo Reglamento de Organización de los Centros (ROC) aparecen recogidos como parte del Proyecto de Centro tanto el programa de calidad (“apartado a) Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del alumnado en el sistema educativo”) como “el plan de formación del profesorado” (apartado k), y además se insiste en ambos creando el Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa.

¿Por qué tanto interés por parte de la Consejería de Educación en formar a los formadores? ¿Es que los años de estudio en los colegios, institutos, universidades,  autoformación, etc., no valen nada, no se aprende nada tampoco con la experiencia? Se reclama, según el Consejero, “un mayor reconocimiento social para el profesorado”, y al mismo tiempo se está transmitiendo el mensaje de que no estamos preparados, que no sabemos hacer nuestro trabajo. Se atreve incluso a reclamar “formación inicial” a gente que lleva, como mínimo, más de 20 años estudiando como son los licenciados en carreras universitarias que somos la mayoría del profesorado de secundaria. Algo que debería ser un derecho lo transforman en una obligación, y además, para ser realizada fuera del horario de trabajo. ¿Quién decide si estamos o no preparados? ¿Los políticos, a quienes ni siquiera se exige una preparación ni titulación mínima? ¿Compañeros nuestros,  como ciertos pedagogos, profesores de los CEP o futuros jefes del Departamento de Formación, Evaluación, etc.?  Sólo hay un tipo de profesionales a los que se les debería reconocer el derecho a evaluar los conocimientos sobre una especialidad y la capacidad de impartir una formación que de verdad sea útil y valiosa, y estos son los catedráticos y profesores investigadores de la Universidad. Pero ni siquiera estos pueden evaluar ni suplir el conocimiento que se adquiere con la experiencia diaria en el aula que es la que de verdad te enseña la metodología adecuada.

La Consejería de Educación simplemente necesita culpar a alguien del desastre en el que han convertido la educación, y para no tener que reconocer la responsabilidad de los cargos políticos, han buscado su chivo expiatorio en el profesorado. Y lo peor es que lo asumimos, no protestamos y nos formamos como ellos quieren. Pues sí, así es. Si alguien pensaba que el problema es  que los docentes nos negamos a ello, se equivoca completamente. Todos los años se convocan y se llevan a cabo cientos de cursos, jornadas, simposios, congresos, etc. sobre distintos aspectos educativos y pedagógicos, organizados por los CEP, sindicatos y la propia Consejería, y dirigidos al profesorado de todos los niveles educativos. Todos estamos obligados a formarnos para cobrar un complemento como el sexenio (esto no ocurre en ningún otro sector de la administración) y además lo necesitamos para conseguir puntos para el concurso de traslados. Hay mucha gente que vive de esto, y mucho dinero que repartir, incluso de la UE.

Si toda esta formación no arregla nada, si el fracaso del sistema sigue ahí, quizás es que no era éste el problema, quizás alguien esté interesado algún día en saber cuál es y le dé por preguntarnos, o mejor, por hacernos caso, porque todos los profesores que ejercemos como tales y nos gusta nuestro trabajo sabemos que la única solución es que nos dejen enseñar, que es lo que sabemos y queremos hacer, y dejen de decirnos cómo hacerlo porque los profesionales somos nosotros, y si no se fían, ¡qué cambien la forma de acceso a la función pública docente!

Carta al Director en Sevillapress sobre la aprobación de los ROC

El Martes 13 de julio ha sido la fecha elegida por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para culminar un proceso que llevamos sufriendo los profesores durante todo el curso escolar: la aprobación de los nuevos reglamentos de organización de los Centros (ROC).
Los peores augurios se han cumplido. Como siempre, mienten en la presentación, no es cierto el supuesto diálogo, nadie ha hecho caso a los profesores. No es cierto que refuerce la autonomía de los centros, sin dinero ningún centro puede ser autónomo y los políticos siguen siendo quienes disponen de los fondos. Ni se simplifican las tareas administrativas, al contrario, se aumentan, ni se reconoce la autoridad del profesorado como ya se hace en otras comunidades, aunque lo quieran ocultar con eufemismos. Y además, es imposible reforzar las atribuciones del director y a la vez las del claustro, como dicen que hace este reglamento.
La única verdad es que se implanta la figura del comisario político en los centros escolares, se intentan arreglar los números del fracaso escolar andaluz para disimularlo y se quiere controlar al profesorado para que no haga su trabajo de manera demasiado rigurosa para los intereses de la casta política. Y todo esto lo hacen cuando saben que no habrá contestación porque no podemos hacer una huelga con las aulas vacías.

Artículo en la Razón

La RazónDespilfarro en la educación andaluza

Begoña
CANIVELL*

POR EL CAMBIO EDUCATIVO

Frente a los recortes a los funcionarios, en la Administración se crean más organismos. ¿Alguien puede justificar que la disminución salarial sea la primera medida en vez de suprimir gastos inútiles?

El recorte que vamos a sufrir los funcionarios en nuestro sueldo está provocando una gran indignación, sobre todo por el agravio que supone que, mientras se malgasta el dinero público, tengamos que pagar con nuestro sacrificio los dispendios de otros, los políticos, que son los verdaderos culpables de esta situación, y que, además, deciden quién debe sufrir las consecuencias de sus errores sin siquiera negociar.
Uno de los sectores donde esta situación es más sangrante es la enseñanza pública, al ser el que a más personas afecta. En Andalucía, los profesores estamos tan acostumbrados a la mala gestión de los recursos que no hemos reaccionado
hasta que nos han tocado el bolsillo. Todos hemos criticado el despilfarro, pero, ¿quién lo ha denunciado? Desde luego, los sindicatos no.
El problema principal es la nefasta (e interesada) gestión de personal de la Junta de Andalucía en general, y de la Consejería de Educación en particular. En los últimos tiempos los centros públicos de enseñanza han sufrido una  serie de recortes en personal y en inversiones que nos ha llevado a que se resienta aún más la calidad de la enseñanza. Sin embargo, en la Administración no ha habido recortes, sino que se han creado nuevos organismos, como la Agencia Andaluza de Evaluación –cuya única función son las pruebas de diagnóstico, otro dispendio–para premiar con la huida de los centros a quienes deben favores políticos o personales.
La Junta es ya un caos absoluto en cuanto a la gestión de recursos humanos, con consejerías y delegaciones provinciales inútiles, pero esto en Educación alcanza límites increíbles. Sólo en los servicios centrales hay más de treinta altos cargos, así como personal administrativo a su cargo; imposible calcular el número total –muchos  profesores en comisión de servicio o adscritos–. ¿Y qué decir de las ocho delegaciones provinciales, los CEPS, los organismos adscritos, etc.? Si todos los profesores que se encuentran en comisión de servicio volvieran a sus centros de destino, sobrarían la mayoría de los interinos, no existirían problemas en las ratios y aumentaría la calidad de enseñanza. ¿Por qué no se hace?
No podemos olvidarnos de nuestros liberados sindicales, también profesores, aunque muchos llevan años sin pisar un centro escolar. Sólo se acuerdan de sus «compañeros», los que estamos a pie de aula, cuando hay elecciones y ven en peligro sus privilegios. También son un gasto inútil para la sociedad puesto que su razón de ser, la defensa del profesorado, sólo la ejercen cuando interesa políticamente y no profesionalmente.
Hay muchos otros ámbitos donde se hacen gastos inútiles que son una sangría constante a los presupuestos. Me refiero a becas, subvenciones o planes diversos, la mayoría de las veces con criterios de concesión injustos, que sólo sirven para disfrazar la verdadera situación de la enseñanza pública. Ocurre igual con las obras de los centros, donde se gasta sin dar soluciones: no se pueden implantar las nuevas tecnologías y una enseñanza decalidad en edificios con instalaciones obsoletas e insalubres, además de superpobladas.
¿Alguien puede justificar, sabiendo esto, que el primer recorte que se plantee la Administración sea bajar los sueldos de los funcionarios, en lugar de suprimir los miles de gastos inútiles que soportamos los contribuyentes? ¿Estamos dispuestos los profesores, junto a los demás funcionarios, a pagar una crisis de la que no somos culpables? Esperemos
que esta vez no nos limitemos a protestar por nuestro recorte salarial,sino que aprovechemos para cambiar el sistema que lo ha provocado.
Para nosotros, los profesores andaluces, se concreta en la utilización política de la enseñanza por medio de la LEA y sus derivados los ROC. Ésta es otra lucha que no debemos olvidar, porque la crisis económica pasará, pero el control político y la falta de libertad son muy difíciles de subvertir, una vez implantados.

*Begoña Canivell es profesora y
miembro de la asociación Piensa

 

 

Carta al director de ADN

Huelga en la enseñanza (Carta publicada en ADN)

Escrito por Begoña Canivell Sábado, 17 de Abril de 2010 17:51

El 14 de abril la enseñanza andaluza estará en huelga. No es por motivos económicos, no se pide ningún aumento de sueldo, sólo pedimos que nos dejen volver a enseñar: dar a nuestros alumnos lo que necesitan de nosotros, conocimientos. Para ello necesitamos que la Consejería de Educación dela Junta retire el proyecto de Reglamento de Organización de los Centros Escolares que quiere inaugurar el próximo curso, y que la mayoría de los profesores rechazamos.

Este reglamento pretende introducir en los Colegios e Institutos la figura del comisario políticomediante la cesión de todo el poder de decisión al director, tanto en la organización como en la práctica docente, como representante de la administración en el centro. Esto acabará con el último baluarte de democracia que quedaba en los centros: el claustro de profesores. El director es elegido por la administración educativa y será evaluado por ésta según cumpla o no sus objetivos,siendo premiado o castigado, según los resultados, con la continuidad en su puesto o ascenso en la administración. ¿Cuáles son sus objetivos políticos? Conseguir el máximo de titulados posibles, lo merezcan o no, para poner a Andalucía al nivel que exigela UE. Muchos profesores se quejan de que esta convocatoria de huelga no está llegando a los centros.

Los grandes sindicatos (CCOO,UGT,ANPE,CSIF) no la secundan, sólo la convocan CGT y asociaciones profesionales como PIENSA, con pocos medios para difundirla.
BEGOÑA CANIVELL ACHABAL
DOS HERMANAS (SEVILLA)